La impunidad imperial
Año 3. Edición número 144. Domingo 20 de febrero de 2011
El avión en Ezeiza reafirmó la concepción estadounidense de considerar a América Latina como el patio trasero del imperio. || Obama no modificó en absoluto la pollítica de seguridad de George W. Bush. (AP)
Desde su misma independencia, pero particularmente desde los tiempos de la Escuela de las Américas, los EE. UU. perfeccionaron la técnica del secreto para sus intervenciones
Porque la prepotencia de Estados Unidos viene de lejos. América latina y el Caribe fueron considerados su patio trasero, un lugar de importancia estratégica para su seguridad nacional y en aras de ello y de la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, se justificaron golpes de Estado, invasiones, apoyo político, militar y financiero a dictaduras militares de toda la región que cometieron los mayores genocidios desde la colonización española.
En Argentina, como en otros países, muchos de los culpables directos de ese genocidio están siendo sentados ahora finalmente en el banquillo de los acusados, pero los instigadores, financiadores, entrenadores y encubridores de los distintos gobiernos de Estados Unidos responsables, no están en ese banquillo. El manto de impunidad los sigue protegiendo.
Y esto no ha sucedido sólo en América latina y el Caribe. Los genocidios perpetrados por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, en Vietnam, Laos, Camboya y en tantas regiones del mundo, siguen impunes. El Imperio se acostumbró a que sus crímenes siempre queden impunes, a que no sean juzgados ni en los países en los que los cometen ni en los propios tribunales estadounidenses.
Pero en los últimos años se han hecho avances en el camino por lograr una justicia universal, lo que hizo saltar las alarmas en Washington. Por eso ha boicoteado desde el inicio la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, el primer tribunal internacional desde los juicios de Nüremberg con competencia para juzgar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y con mucha más amplitud que aquellos, porque su jurisdicción llega a cualquier país del planeta. Ya son 114 países que han ratificado su adhesión y aceptado su jurisdicción.
Sólo una semana antes de dejar el poder, Bill Clinton dio el visto bueno al TPI, pero delegó a su sucesor, George W. Bush, la tarea de ratificarlo. Y Bush junior no sólo no lo hizo, sino que rechazó abiertamente a ese tribunal y comenzó una campaña activa en su contra. Fue así que bajo sus dos mandatos se promulgaron leyes específicas para enfrentar el peligro que suponía el TPI para un país como Estados Unidos, con más de 300.000 soldados en el extranjero, envueltos tan a menudo en invasiones, bombardeos, “daños colaterales”, torturas y un largo etcétera. El 31 de julio de 1998, durante el Gobierno de Clinton, el senador republicano Jesse Helms –coautor de la Ley Helms-Burton, por la que se endureció drásticamente el bloqueo a Cuba– dijo: “El TPI es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos”. El influyente senador, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, agregó: “Ese tribunal pretende someter a juicio la política de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Pueden ustedes imaginar lo que hubiera ocurrido si ese tribunal hubiera estado ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense de Panamá?, ¿o la de Granada?, ¿o el bombardeo de Trípoli? En ninguno de estos casos Estados Unidos solicitó el permiso de la ONU para defender nuestros intereses. Y mientras yo siga respirando, Estados Unidos nunca permitirá, y repito, nunca, que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por el Tribunal Penal Internacional”. Su encendido alegato fue recogido por Bush y en 2002, coincidiendo con la entrada en vigor del TPI, tomó forma de ley. Así nació la Aspa (siglas en inglés de la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano), que en su Sección 2008, en su apartado A establece: “El presidente está autorizado a usar todos los medios necesarios y apropiados para llevar a cabo la liberación de cualquier persona descrita en la subsección B que se encuentre detenida o encarcelada por, o en nombre de, o a requerimiento del Tribunal Penal Internacional”.
Estados Unidos complementaría luego la Aspa con un ingenioso sistema de chantaje, los llamados BIA (Acuerdos Bilaterales de Inmunidad) por medio de los cuales, Washington firma tratados con estados miembros del TPI por lo que éstos se comprometen a que en ningún caso denunciarán ante éste a soldados, diplomáticos, espías o funcionarios de Estados Unidos que actúen en sus respectivos países, aunque cometan delitos de competencia de ese tribunal. Estados Unidos ha logrado firmar BIAs con más de 100 estados miembro del TPI, inmunizando así al personal estadounidense de sus posibles acciones judiciales.
Ese mecanismo fue complementado en 2004 con la Enmienda Nethercutt, vigente todavía como las anteriores, que prevé sanciones contra los países que no acepten firmar los BIA.
Bush sabía lo que hacía. En octubre de 2001 iniciaba su guerra contra Afganistán y los secuestros y vuelos de la CIA; en enero de 2002 creaba la prisión de Guantánamo, un verdadero campo de concentración del siglo XXI, aún abierto, y en marzo de 2003 comenzaba su guerra contra Irak, escenarios todos ellos donde sus tropas practicaron masivamente la tortura y realizaron numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Crímenes que se siguen cometiendo hoy día, bajo administración demócrata.
No debe extrañar, por lo tanto, la altanería con la que Estados Unidos se permite ahora exigir al Gobierno argentino que les devuelva el material incautado. No están acostumbrados a que se les pida explicaciones de nada.
http://sur.elargentino.com/secciones/politica
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